PNV teme que el PP aproveche el fin de legislatura para reabrir Garoña

El diputado general de Araba, Ramiro González, ha manifiesto el "temor" que comparten ecologistas y los municipios cercanos a la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en la provincia de Burgos pero a 50 kilómetros de distancia de Vitoria, por la posibilidad de que en estos últimos meses del Gobierno del PP se produzca "algún movimiento definitivo" para la reapertura de la central.

"Todos los pasos dados por el PP hasta la fecha parecen marcar este destino y el PP sabe que si no toma decisión antes de las elecciones, el resto de fuerzas políticas del Congreso irían al cierre definitivo de la central, por lo que hay cierto temor a que en estos últimos meses y semanas que quedan para que termine la Legislatura se puedan producir pasos en este sentido", ha explicado.

Tras reconocer que las instituciones vascas y alavesas no cuentan con "instrumentos legales para hacer presión", ha defendido que van a insistir "desde la presión política" para dejar clara su posición en contra de la reapertura y a favor de su desmantelamiento "cuanto antes".

Además, cree que en este asunto de Garoña, el Gobierno central ha sido "tremendamente injusto" con Araba, "no sólo porque no ha atendido durante años las peticiones de cierre del territorio más afectado por la central --la mayor parte de la población afectada está en nuestro territorio--, sino también porque cuando ha establecido medidas económicas para su posible cierre, solo ha pensado en Burgos".

Fracking

Respecto a la posibilidad de que se exploten bolsas de gas mediante la técnica de fracking en Araba, González ha defendido que este método de extracción "no tiene sentido" en el territorio, y ha aseverado que Araba "no puede ni debe permitirse el fracking, una técnica tremendamente agresiva con el medio ambiente". "Soy contrario a esta técnica y hay que hacer lo posible para hacer que ésta no se desarrolle en Araba", ha insistido.

Sin embargo, ha hecho referencia a la tramitación de la Iniciativa legislativa Popular (ILP) que ha tramitado el Parlamento vasco para mostrarse a favor de la moratoria planteada por el PNV porque "desde el punto de vista de la técnica jurídica, era la mejor vía para evitar el recurso del Estado".