Imputan a 8 presos acusados de cometer crímenes contra la humanidad

El juez de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, ha cursado una comisión rogatoria para interrogar en Francia a ocho presos vascos que están recluidos en cárceles del país galo en el marco de la causa en la que investiga los delitos de lesa humanidad atribuidos a ETA.

González quiere tomar declaración en calidad de imputados a Garikoitz Aspiazu, Mikel Albisu, Marisol Iparraguirre, Mikel Garikoitz Karrera, Gorka Palacios, Aitzol Iriondo, Jurdan Martitegui y Aitor Elizaran.

Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga a los supuestos jefes de ETA desde octubre de 2004 por delitos de lesa humanidad, asesinatos y detenciones ilegales, señala que la actividad de ETA constituyó "un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella".

Según apunta, las víctimas de estos delitos fueron miembros de "colectivos perseguidos por razones políticas e ideológicas cuya eliminación o expulsión del territorio mediante la coacción o el terror" fue considerada por ETA como "estratégicamente necesaria para la consecución de sus objetivos políticos".

El magistrado abrió esta investigación el pasado 10 de julio al admitir las querellas interpuestas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), la Fundación Luis Portero y otras víctimas de ETA, que han recurrido ante la Sala de lo Penal la decisión del juez de no imputar a los supuestos líderes de ETA un delito de genocidio, informaron fuentes jurídicas.

González también pidió a los Servicios de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que informen "a la mayor brevedad posible" de las causas abiertas relacionadas con asesinatos o secuestros cometidos por ETA desde el 1 de octubre de 2004, fecha en la que el delito de lesa humanidad fue incorporado al Código Penal.

El juez, que también solicitó que los "integrantes de los órganos directivos de ETA" desde esa fecha sean identificados. El delito de lesa humanidad está castigado con penas de entre 20 y 30 años de cárcel.