Política
Memoria histórica
Redacción
"Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y justicia", ha dicho el relator especial de la ONU. Ha criticado que el Estado haya permitido "la privatización" de la búsqueda de víctimas.
Casi cuatro décadas después de que acabara la dictadura en España, el Estado no ha sido capaz de elaborar e implementar una ley global y transversal que resarza a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Así lo ha asegurado hoy el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, durante la presentación de su informe sobre España ante el Consejo de Derechos Humanos, reunido en su vigésimo séptima sesión.
"Los esfuerzos por responder a los legados de la Guerra Civil y de la dictadura en casi todos los pilares del mandato han sido caracterizados por la fragmentación. Las medidas adoptadas no han respondido a una política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", ha afirmado el relator.
"Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y justicia", ha agregado el relator, quien lamenta que "nunca" se haya establecido una política de Estado en la materia.
Privatización de la búsqueda
El relator ha criticado especialmente que el Estado haya permitido "la privatización" de la búsqueda de víctimas.
"El modelo vigente de privatización de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad", ha dicho.
Es por ello que el relator recomienda al Estado español que revise el modelo actual, asigne los recursos necesarios y asegure la actuación de las autoridades judiciales en todos los casos.
Justicia y símbolos franquistas
En el área de la justicia, De Greiff ha denunciado "un excesivo formalismo e interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía y del principio de legalidad que no sólo niegan el acceso a la justicia, sino que también impiden cualquier tipo de investigación".
Asimismo, De Greiff ha solicitado al Estado español que colabore con procedimientos judiciales en el exterior y tome las medidas "contra el debilitamiento de la justicia universal por parte de los tribunales españoles".
El relator también ha hecho mención especial a los símbolos franquistas que aún persisten en lugares públicos del país, y recomendó que se remuevan o se reasignen. De Greiff ha citado especialmente el Valle de los Caídos y ha pedido que se aplique lo sugerido por la Comisión de Expertos que, precisamente, recomendó la "resignificación del monumento".
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