Política
Final de la 'doctrina Parot'
Redacción
Los magistrados han decidido que en lo sucesivo deben ser las secciones correspondientes a las que van dirigidas las peticiones de excarcelación las que las resuelvan y no el pleno como hasta ahora.
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La Audiencia Nacional ha acordado hoy la excarcelación de 13 miembros de ETA, una grapo y un hombre que ha cumplido condena por matar a otro en Bolivia para los que la Fiscalía había pedido su puesta en libertad basándose en el acuerdo del Tribunal Supremo que avaló la nulidad de la 'doctrina Parot'.
En concreto, la Audiencia Nacional ha revisado los casos de los siguientes presos: Raúl Ibáñez Díaz, Pompeyo Miranda, Antxon López Ruiz Kubati, Inmaculada Noble, Francisco Javier Lujanbio Galdeano, Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, Pedro Juan Odriozola Agirre, Juan Mari Gabirondo Agote, Pedro Mari Rezabal Zurutuza, Miguel Turrientes Ramirez, Jose Félix Zabarte Jainaga, Maritxu Uzkudun Etxenagusia, Gonzalo Rodríguez Cordero y Antonio Alza Hernandez.
El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesta hoy por 16 magistrados al estar uno de ellos ausente por estar de permiso, ha adoptado esta decisión tras una reunión de más de hora y media.
En su reunión de hoy, los magistrados han decidido también que en lo sucesivo en los casos en los que la Fiscalía informe a favor de la puesta en libertad deben ser las secciones correspondientes a las que van dirigidas las peticiones de excarcelación las que las resuelvan y no el pleno como hasta ahora.
Estos trece presos se suman a los once que han sido excarcelados desde que el pasado 21 de octubre fuera notificada la sentencia de Estrasburgo en el caso de Inés del Río (que fue la primera beneficiada por ese fallo), con lo que son ya 24 los que han sido puestos en libertad a raíz de la anulación de la 'doctrina Parot'.
Así, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha reunido esta tarde para decidir sobre las peticiones de excarcelación de 13 presos de ETA, una grapo y un preso común a las que ayer dio su visto bueno la Fiscalía basándose en el acuerdo del Tribunal Supremo que avaló la nulidad de la doctrina Parot.
Cambios de última hora
Aunque en un principio estaba prevista la excarcelación de doce miembros de ETA y de una grapo, el pleno ha incluido en el último momento la petición de puesta en libertad del miembro de ETA Raúl Ibáñez Díaz, que quedó pendiente la semana pasada, y la de Pompeyo Miranda, un español que mató a un hombre en Bolivia y que fue trasladado a España para cumplir condena y se le aplicó la doctrina Parot, han informado hoy fuentes de la Audiencia Nacional.
El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, ha adelantado a esta tarde a las 16:00 la convocatoria de los diecisiete magistrados que componen el Pleno con el objeto de decidir sobre estas trece peticiones de excarcelación.
Entre los presos de ETA, figura Inmaculada Noble, miembro del comando Madrid junto a Inés del Río y que fue condenada por el asesinato del comandante Ricardo Saenz de Ynestrillas en 1986, aunque resultó absuelta de haber participado en la matanza de doce guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana.
En cuanto a Kubati, es conocido por ser el asesino de la exactivista de ETA María Dolores González Yoyes y acumula condenas de 1.210 años por 13 asesinatos y 8 atentados con muerte.
Asimismo, también se ha decidido el caso de la miembro de GRAPO, Olga Oliveira.
Bloqueo de la indemnización para Del Río
Por otro lado, la Audiencia Nacional ha confirmado su decisión de bloquear la indemnización de 30.000 euros que acordó el Tribunal de Estrasburgo para Inés del Río por haber permanecido cinco año más en prisión en aplicación de la 'doctrina Parot'.
El pleno de la Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión esta tarde al rechazar el recurso de Del Río, directamente beneficiada por el fallo de la corte europea, contra el bloqueo de la indemnización a la que el Tribunal de Estrasburgo consideró que tenía derecho en concepto de "daño moral".
La Audiencia Nacional decidió bloquear a Inés del Río esos 30.000 euros a petición de la Fiscalía con el objeto de destinar esa cantidad al pago de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo.
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