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Crisis política
Agencias | EITB Media
Además, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda. Por otro lado, la Justicia ha ordenado que Pedro Castillo se mantenga durante 48 horas más en detención preliminar. El expresidente ha reclamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por él.
El Gobierno peruano ha tomado este miércoles la decisión de declarar el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda.
"Se ha acordado el estado de emergencia a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando (...) y requieren de una respuesta contundente y de autoridad", ha dicho el ministro de Defensa, Alberto Otarola, en respuesta a las protestas antigubernamentales por la destitución del expresidente Pedro Castillo, en las que han muerto al menos siete personas.
Las Fuerzas Armadas peruanas se han desplegado en distintos puntos estratégicos de Arequipa, la segunda ciudad el país, que desde el martes se encuentra bajo estado de emergencia por las protestas y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Los militares vigilan puntos como el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, tomado por manifestantes durante unas horas el lunes.
Agentes de policía se enfrentan con manifestantes en Arequipa (Perú). Foto: EFE
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha anunciado que ha planteado que las elecciones generales se celebren en diciembre de 2023, cuatro meses antes de la propuesta inicial que hizo en medio de la grave crisis política y social que afecta a su país.
Por otro lado, el juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ha ordenado que el expresidente Pedro Castillo se mantenga durante 48 horas más en detención preliminar. En ese plazo se realizará una revisión de la petición de 18 meses prisión preventiva presentada por la Fiscalía contra el exgobernante.
Cientos de personas piden la liberación de Pedro Castillo, en los exteriores de la base de la Policía donde se encuentra recluido en Lima (Perú). Foto: EFE
Por su parte, Castillo ha reclamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por él, pues considera que las autoridades de su país han vuelto a "coactar" su libertad. "¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia", ha escrito en una carta firmada por él y publicada en su cuenta de Twitter.
El abogado Ronald Atencio, uno de los defensores del expresidente, ha afirmado que la Justicia de su país está "violando todos los procesos", al haber programado en pocas horas la vista de revisión de prisión preventiva.
Además, Castillo ha acusado a un "sector golpista", en alusión al Gobierno, de tratar de "callar" las protestas ciudadanas. Por último, ha mostrado "su gratitud" a los presidentes de Colombia, Bolivia, Argentina y México, que emitieron un comunicado en el que aún le reconocen como jefe de Estado, en una nueva carta enviada desde prisión este miércoles en la que reitera que no abandonará "la voluntad del pueblo".
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