Euskadi seguirá sin aplicar el copago pese a la decisión del TC

Euskadi seguirá sin aplicar el nuevo copago farmacéutico y continuará atendiendo a los inmigrantes sin papeles, pese a que el decreto vasco que regula estos dos asuntos está suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional, que tiene de plazo máximo hasta el 20 de enero para resolver el litigio.

El Consejo de Gobierno Vasco ha estudiado hoy las alegaciones que en los próximos días presentará el Ejecutivo de Patxi López ante el Tribunal Constitucional (TC), órgano judicial que el pasado mes de julio dejó en suspenso de manera cautelar el decreto vasco del 26 de junio que dejaba sin efecto el nuevo copago farmacéutico que entró en vigor el 1 de julio en el resto de España.

En ese decreto también se regulaba la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, en contra de lo establecido por el
Ministerio de Sanidad de anular la tarjeta sanitaria a este colectivo.

Pese a la suspensión del decreto, en Euskadi, a día de hoy, se mantienen las mismas condiciones que estaban vigentes hasta que entraron en vigor las nuevas medidas y hoy el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ha insistido en que en Euskadi no cambiará nada en estos dos aspectos, por lo menos hasta que el TC resuelva.

Para ello, el Constitucional tiene un plazo que concluye el 20 de enero, han aclarado desde el Gobierno Vasco.

En las alegaciones al Constitucional, el Gobierno Vasco argumenta que Euskadi tiene las competencias para el "desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior", según recoge el Estatuto de Gernika.

También el Gobierno Vasco, en sus alegaciones, señala que "nada impide que, con respeto a las condiciones básicas, puedan mejorarse, sin discriminación de nadie", las prestaciones a ciudadanos nacionales o extranjeros.

El consejero Bengoa ha dejado claro, tras el Consejo de Gobierno, que no cree que el Gobierno de Mariano Rajoy pueda tomar algún tipo de acción por no cumplir con esta legislación estatal porque tendría que actuar también contra otras comunidades que han establecido mecanismos especiales de aseguramiento sanitario para estos colectivos.