Economía
AUDIENCIA NACIONAL
AGENCIAS | EITB Media
En el banquillo de los acusados por el juicio contra Iberdrola se sientan cuatro directivos para los que la Fiscalía Anticorrupción pide dos años de prisión. Además, solicita una multa de casi 84,9 millones de euros para la compañía.
Vista general de la sala de la Audiencia Nacional donde ha comenzado el juicio. Foto: EFE
Dos directivos de Iberdrola han negado este martes en la Audiencia Nacional que hubiera por parte de la compañía ninguna "consigna ni estrategia" para aumentar el precio de la electricidad en 2013. Así se han pronunciado tanto el primero de los encausados en comparecer en el plenario, Ángel Chiarri, quien fuera director de Gestión de la Energía de la eléctrica, como Gregorio Relaño, que entonces era responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading.
Cabe recordar que la Audiencia Nacional juzga desde este martes a Iberdrola y cuatro de sus directivos por un aumento del precio de la electricidad en 2013.
En esta primera jornada del juicio, en la que se han ventilado de forma rápida las cuestiones previas, Chiarri ha señalado que el precio se marcaba de forma automática por medio de "una máquina" e Iberdrola no podía manipular eso.
Según fuentes de la compañía, Iberdrola actuó de forma adecuada con previsión y de forma consecuente con el contexto de sequía de 2013. Así las cosas, Iberdrola circunscribe el juicio a una cuestión técnica y no penal. "No existe prueba o indicio que apunte a irregularidad alguna en el precio de la energía", han añadido las fuentes.
Arranca el juicio contra Iberdrola acusada de manipular el precio de la luz en 2013
La vista oral que hoy ha comenzado está previsto que continúe, al menos, hasta el 1 de diciembre, según fuentes jurídicas. Además de Chiarri y Relaño se sientan en el banquillo de los acusados el responsable de gestión de activos, José Luis Rapún; y el responsable de mercados a corto plazo y generación global, Javier Paradinas.
Para los cuatro directivos la Fiscalía Anticorrupción solicita, respectivamente, la pena de dos años de prisión, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, relacionado con la generación o comercialización de energía eléctrica, y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros.
El Ministerio Público pide igualmente que se imponga a Iberdrola Generación una pena de multa de 84,9 millones de euros —el cuádruple del beneficio obtenido— así como el decomiso de las ganancias obtenidas.
También se encuentra personada como acusación particular la organización de defensa de los derechos de los consumidores Facua, que pide tres años de cárcel para los directivos y una multa de 107,5 millones de euros para la compañía.
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