Economía
Fraude en Lanbide
Redacción
La Diputación de Bizkaia ha rechazado las críticas del Gobierno Vasco al considerar que una vez más intentan culpar a la institución foral de su "mala gestión" en esta materia.
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Gemma Zabaleta. Foto: Efe
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Gemma Zabaleta, ha denunciado la "deplorable" imagen y el "perjuicio" que ha supuesto el "retraso" de la Diputación de Bizkaia en el envío de los expedientes sobre perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) al Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.
Zabaleta, durante el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, ha respondido a varias preguntas sobre la polémica suscitada en relación a la gestión de la RGI tras la asunción de esta competencia por el Gobierno autonómico, a través de Lanbide, el pasado 1 de enero.
Tras las críticas previas de la propia consejera a la "tardanza" con la que la Diputación de Bizkaia estaba remitiendo los expedientes sobre esta prestación a Lanbide, la diputada vizcaína de Acción Social, Pilar Ardanza, anunció el pasado día 13 que había concluido el traspaso de la RGI con el envío de 3.038 expedientes, guardados en siete jaulas, al Servicio Vasco de Empleo.
La consejera de Empleo ha denunciado este viernes la imagen "deplorable" que ofreció Ardanza al "jactarse" de "enviar unas jaulas de documentos seis meses después" de que Lanbide asumiera la competencia sobre la gestión de la RGI. Zabaleta ha criticado que la Diputación de Bizkaia ha ido remitiendo 15.000 expedientes sobre esta prestación "gota a gota".
Bizkaia ve "mala gestión" del Gobierno Vasco
La Diputación de Bizkaia ha rechazado las críticas del Gobierno Vasco al considerar que una vez más intentan culpar a la institución foral de su "mala gestión" en esta materia.
"Una vez más, el Gobierno Vasco, a través de Lanbide, ha querido culpar a la Diputación Foral de Bizkaia de su mala gestión en materia de la Renta de Garantía de Ingresos", ha insistido Ardanza, añadiendo que el Gobierno Vasco pretende criminalizar a los receptores de RGI y "poner en duda el sistema de bienestar y protección fruto del trabajo de muchos años".
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