La Carta de Derechos Sociales exige la retirada del nuevo proyecto de RGI impulsada por el Gobierno Vasco

Las organizaciones sindicales y sociales de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria se han concentrado este martes ante el Gobierno Vasco en Bilbao con el lema "Contra la pobreza, reparto de la riqueza. No a esta RGI" para exigir la retirada del nuevo proyecto de la RGI y pedir que cesen "los recortes" que se aplican respecto a la ley de 2008 desde 2012.

Durante la concentración, los manifestantes han criticado la "falsa propaganda" que el Gobierno Vasco está haciendo en torno a su proyecto para la nueva Ley de la RGI porque, con los recortes que se aplican desde hace diez años, el proyecto fija una cuantía de la RGI para 2023 de 737,44 euros, "algo más que en 2022", pero que no cubrirá "la pérdida de poder adquisitivo" acumulada.

Tal y como han calculado en ese sentido, un pensionista en Euskadi cobra actualmente 727,41 euros, cuando debería cobrar 1026 euros "si se aplicara realmente la ley de 2008".

Además, las organizaciones y movimientos que componen la Carta de Derechos Sociales han denunciado el planteamiento de desaparición de la prestación complementaria de Vivienda y han exigido "el cese de las medidas de criminalización, ya que únicamente alimentan el discurso y la xenofobia de la extrema derecha".

Durante una concentración ante la sede del Gobierno Vasco en la capital vizcaína, han recordado que la Carta ya sostiene que, ante la actual situación de pobreza, "existe la necesidad de que se dé un verdadero debate en torno a cómo construir un sistema social para que las personas puedan vivir dignamente" en Euskadi.

En este sentido, han asegurado que el debate del sistema de garantía de ingresos debe enmarcarse en ese marco general para evitar un modelo que cronifique y haga insostenible la situación.

Por todo ello, las organizaciones que conforman la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han reivindicado, además de la retirada del proyecto de la RGI, la aprobación de las medidas contempladas en la Iniciativa Legislativa Popular contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Carta Social y abrir "un verdadero debate social y participativo" sobre el sistema de protección.