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El Gobierno Vasco se compromete a actualizar la RGI el 1 de enero de 2023

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La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha trasladado este compromiso a los grupos parlamentarios durante su intervención en una comisión de la Cámara vasca.

  • La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia.

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La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, se ha comprometido este martes a actualizar las cuantías de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) el 1 de enero de 2023 a las personas que tengan reconocido el derecho en esta fecha si la ley que regula este sistema es aprobada antes de que finalice 2022.

Mendia ha trasladado este compromiso a los grupos parlamentarios durante su intervención en una comisión de la Cámara vasca en la que ha detallado los pormenores del Proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión aprobado la pasada semana por el Gobierno autonómico.

Se trata de un proyecto que incluye un aumento de la cuantía de la RGI y la mejora de los requisitos para acceder a ella para las unidades de convivencia más vulnerables, como las que cuentan con menores y con pensionistas entre sus miembros, entre otras novedades.

La consejera se ha mostrado dispuesta a colaborar con el Parlamento Vasco y ha insistido en su intención de que la norma pueda ser aprobada antes de que acabe este año.

"No pretendemos marcar los tiempos parlamentarios", ha precisado Mendia, tras recordar que, en todo caso, la ley entraría en vigor tres meses después de recibir el aval parlamentario, que tiene garantizado con el apoyo de PNV y PSE-EE, aunque la vicelehendakari confía en que reciba el respaldo de más grupos.

En ese sentido ha ofrecido un primer compromiso si los partidos son capaces de "ponerse de acuerdo antes de que cierre el año", para que las nuevas cuantías sean aplicables a partir del 1 de enero de 2023 para las personas que tengan reconocido este derecho en esa fecha.

Mendia ha insistido en que esta ley no es una mera reforma sino una norma "más moderna" que pone las cosas "más fáciles a las personas en situación vulnerable" y que permite "una mejor gestión de los recursos públicos".

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