Los interinos se movilizan contra el real decreto de temporalidad

Trabajadores interinos de la administración vasca se han movilizado hoy en Lakua para pedir a los partidos políticos que no convaliden en el Congreso el real decreto ley con medidas para reducir la temporalidad en el empleo público al "ser contrario" a directrices y sentencias comunitarias y abocar al paro a muchos empleados temporales.

Estos trabajadores, agrupados en los sindicatos Interinok Taldea y ELA, se han concentrado frente a la sede del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz y han participado en una caravana de coches para denunciar su situación.

El real decreto en cuestión contempla limitar los contratos temporales públicos a un máximo de tres años y que 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos se conviertan en fijas mediante concurso-oposición. Quienes no lo superen tendrán una compensación económica de 20 días por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades.

Desde Interinok Taldeak, Amaia Zarrabeitia ha explicado que este colectivo considera que este real de decreto, ya en vigor y cuya convalidación se vota este miércoles en la Cámara Baja, es contrario a directrices europeas sobre temporalidad y a sentencias de los tribunales comunitarios.

Estos pronunciamientos de distintas instituciones de la Unión Europea consideran, según ha indicado, que los procesos selectivos no son una "sanción" adecuada para los "abusos" cometidos por las administraciones públicas al alargar la temporalidad de los contratos por no haber convocado oposiciones y plazas suficientes para estabilizar estos puestos.

"El real decreto no impone ninguna sanción para la administración, son más para los trabajadores, a los que nos aboca a concurrir en procesos selectivos. Nos están abocando al paro a mucha gente que llevamos muchísimos años prestando servicios públicos porque la Administración ha incumplido su obligación de convocar oposiciones", ha denunciado.

Zarrabeitia ha precisado que no reclaman ser funcionarios de carrera, sino que las causas de cese en sus puestos sean las mismas, es decir, ser personal fijo u obtener una "indemnización disuasoria", cuyo coste total sería "tan enorme" que, a su juicio, la estabilidad de sus empleos sería "una solución a coste cero que beneficiaría tanto a los ciudadanos como a las administraciones".

Asimismo, ha dejado claro que también rechazan el proyecto de ley de empleo al ir en la misma línea que el real decreto, y ha avanzado que seguirán con sus movilizaciones si no se cumplen sus peticiones.