El Gobierno español aprueba ayudas directas de hasta 200.000 euros a empresas

El Consejo de Ministros español ha aprobado este viernes la concesión de ayudas directas de hasta 200.000 euros para autónomos y empresas especialmente afectados por la pandemia que hayan perdido al menos un 30 % de sus ingresos en 2020, unos fondos que tendrán que destinar a pagar gastos fijos y deudas.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo extraordinario que las ayudas están destinadas a negocios especialmente afectados por la pandemia, como la hostelería, la restauración, el comercio al por mayor y minorista, sectores auxiliares del transporte o relacionados con la cultura.

Estas ayudas ascienden a 7.000 millones de euros, de los que 2.000 millones están reservados a Baleares y Canarias, por ser las regiones más afectadas, mientras que los 5.000 millones restantes irán al resto de comunidades autónomas.

En cualquier caso, el importe de las ayudas ascenderá a un máximo del 40 % de la caída adicional de ingresos sufrida por la pandemia para micropymes y autónomos, mientras que ese porcentaje se reduce al 20 % en el caso del resto de empresas.

Las ayudas tienen carácter finalista, de manera que se tienen que utilizar para pagar las deudas contraídas desde marzo de 2020, como pago a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o deuda financiera.

La concesión de las ayudas estará ligada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, incluyendo la prohibición de reparto de dividendos y aumento de retribuciones del personal directivo.

Las empresas también deberán estar al día del pago de obligaciones tributarias y no operar en paraísos fiscales.

Las ayudas serán gestionadas por las comunidades autónomas y la asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que los utilizados para el REACT-EU: impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidades autónomas, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que el decreto impone al Gobierno un plazo de un mes y diez días para tener formalizada la orden de reparto de esos 7.000 millones a las autonomías, así como para tener firmados los convenios con cada una de ellas para formalizar la transferencia.