El sindicato ESK denuncia a Reyes Maroto y Arantxa Tapia

El sindicato ESK (Ezker Sindikalaren Konbergentzia) ha presentado este martes en Bilbao una denuncia contra la ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, por presuntos delitos contra la salud pública y de prevaricación, tras acordar la vuelta al trabajo de miles de personas durante el estado de alarma por la pandemia.

Según ha explicado tras presentar la denuncia en un juzgado de Bilbao el miembro de la coordinadora nacional de ESK Igor Mera, "ambas mandatarias se arrogaron unas funciones que no tenían al acordar la ampliación de las actividades económicas que podían mantenerse", lo que conllevó "un grave riesgo contra la salud pública por la vuelta al trabajo de miles de personas".

Mera ha relatado que el Real Decreto-ley 10/2020 del 29 de marzo que ordenaba la paralización de las actividades económicas salvo las consideradas esenciales y establecía la posibilidad del cobro del permiso retribuido recuperable para los trabajadores de las empresas afectadas, "facultaba al ministro de Sanidad para interpretar el propio decreto o para ampliarlo o matizarlo, si fuera necesario".

Como consecuencia del rechazo del Gobierno Vasco a ese decreto, “la ministra de Industria hizo una nota aclaratoria que permitía extender el concepto de servicios esenciales mucho más allá de lo que marcaba el Real Decreto Ley" y unas horas después la consejera Tapia "hizo otra nota aclaratoria, que iba aún más allá que el Ministerio de Industria", ha censurado.

Sin embargo, Mera ha indicado que "ni la ministra ni la consejera estaban facultadas" para adoptar ese tipo de decisiones y así "se arrogaron unas competencias que no les correspondían", por lo que podrían haber cometido un delito de prevaricación, denunciado hoy por ESK.

Asimismo, ha argumentado que, al haber ampliado las actividades que se mantenían obligaron a volver a su puesto a miles de trabajadores y tomaron así una decisión que "contravenía el espíritu de la norma", que buscaba ahondar el confinamiento, y "representó un grave peligro para la salud pública" por la posibilidad de multiplicar los contagios de covid-19.

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