Economía
posibles filtraciones
Agencias | Redacción
El Departamento de Salud procederá a la suspensión cautelar de las dos categorías en cuanto tenga la confirmación oficial del Juzgado de Vitoria-Gasteiz.
La decisión ha sido tomada por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria. ETB
El Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria-Gasteiz ha aceptado la solicitud de ESK de ampliar su investigación sobre posibles filtraciones de exámenes de la OPE 2016-2017 de Osakidetza a las categorías médicas neurofisiología y neurocirugía que se suman a las denuncias que pesan sobre otras 11 especialidades.
Según ha informado el sindicato ESK este lunes en un comunicado, el juzgado de la capital alavesa ha llamado a declarar como investigados al jefe de Servicio de Neurología en la OSI Bilbao-Basurto y al jefe del Servicio de Neurofisiología de la OSI de Álava.
Por su parte, Osakidetza ha asegurado en una nota de prensa que está a la espera de una confirmación oficial por parte del Juzgado. "Una vez confirmada esta información Osakidetza procederá de la misma manera que con el resto de categorías que están siendo investigadas por el juzgado y procederá a la suspensión cautelar de estas dos nuevas categorías", han asegurado.
ESK considera que "este nuevo paso" "avala" que existe un "sistema clientelar y estructural" instaurado con el "conocimiento, la connivencia y el aval de las diferentes direcciones de Osakidetza y del Departamento de Salud" del Gobierno Vasco.
El sindicato ha pedido a la consejera de Salud, Nekane Murga, que "tome las medidas necesarias con rigor" e inicie una investigación "seria, externa y transparente" del Sistema de Selección y Provisión en Osakidetza que "lleve aparejado el desmantelamiento del sistema clientelar" que, a juicio de ESK, está instaurado para otorgar "determinadas plazas de especialidades médicas".
ESK recuerda que Murga afirmó en sede parlamentaria que la "suspensión cautelar" de los 11 procesos selectivos de la OPE de Osakidetza sobre los que este juzgado ha decidido abrir una investigación "se ha llevado a cabo para garantizar los derechos de los opositores y para que ninguna actuación administrativa pueda incidir en el desarrollo de la investigación judicial con el fin de preservar la seguridad jurídica".
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