La Fiscalía ve 'indicios de delito' de revelación de secretos en la OPE de Osakidetza

La Fiscalía Superior del País Vasco ha finalizado la investigación que inició el 5 de junio de 2018, según ha adelantado el sindicato ELA en una nota. Las diligencias practicadas concluyen que "hay indicios de delito de revelación de secretos" en las oposiciones de Osakidetza y, en base a ello, ha remitido las actuaciones al Juzgado a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades penales que correspondan.

Tras las denuncias de varios sindicatos, la Fiscalía del Tribunal Superior abrió el pasado 5 de junio diligencias para investigar si hubo irregularidades en las pruebas de 19 especialidades médicas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Osakidetza.

Según ELA, que ha hecho público este lunes parte del escrito de la Fiscalía, éste señala a la Dirección de Osakidetza como "figura clave" en las irregularidades habidas en esta OPE.

Así, apunta que, si bien se había decidido encargar al IVAP la elaboración de los exámenes teóricos de las especialidades médicas, "quien finalmente y en realidad designaba a las personas que elaborarían el examen fue la Dirección de Osakidetza, la que les proporcionó un listado de personas, una por especialidad médica".

"Las personas que participaron en proporcionar tales nombres fueron el director de Recursos Humanos -Juan Carlos Soto, dimitido-, el subdirector de Recursos Humanos y el director de Asistencia Sanitaria".

La Fiscalía agrega que el IVAP desconocía que esas personas que constaban en el listado proporcionado, y que finalmente confeccionaban los exámenes, fueran en ocasiones también miembros de los tribunales.

"Ese conocimiento lo tenía quien designaba a tales miembros, a sabiendas de que no sólo iban a elaborar el primer examen, sino evaluar este y participar en el segundo", precisa la Fiscalía.

Continúa el escrito señalando que "la decisión de designar a uno u otro profesional se realizaba de un modo exento del control necesario para excluir la arbitrariedad", y añade que "no constan criterios objetivos en la designación".

También, según ELA, señala que Osakidetza ha interferido en la decisión de los tribunales calificadores y que no ha obrado con homogeneidad, de forma que, por ejemplo, en unos casos decidió que los dos exámenes fueran elaborados por el IVAP, y en otros, el segundo lo fuera por el Tribunal.

Además, una vez que afloraron las presuntas irregularidades, a juicio de la Fiscalía, la dirección de Osakidetza actuó, nuevamente, de forma parcial.

Señala así que cuando prácticamente todos los miembros del Tribunal de Angiología señalaron que, en caso de repetirse el examen, no procedía la permanencia de una de las vocales, por sospechas de filtración, el director de Recursos Humanos decidió su permanencia, aún sabiendo que era la persona que había confeccionado los dos exámenes.

Asimismo, cuando se abrió el expediente de información previa en relación con los exámenes de Angiología y Cirugía Vascular, se nombró instructor del mismo al subdirector de Recursos Humanos, que fue uno de los que decidió quién iba a confeccionar el examen.

Según ELA, la Fiscalía señala a tres jefes de servicio como presuntos autores de las filtraciones en las especialidades de Anestesiología y Reanimación, Angiología y Cirugía Vascular, y Aparato Digestivo.

Tras este escrito de la Fiscalía, el sindicato considera que debe producirse el "cese inmediato" del consejero de Sanidad, Jon Darpón. Desde que se descubrieron las filtraciones, han dimitido la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y los directores de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, y Económico, Ricardo Ituarte.

Un total de 72.500 personas se presentaron a esta oferta de empleo, y tras las numerosas críticas recibidas el Servicio Vasco de Salud abrió una investigación interna y decidió repetir cinco exámenes de tres especialidades médicas. Sin embargo, ante la Fiscalía se presentaron denuncias sobre 19 especialidades.

Los sindicatos y la oposición apuntan a Darpón

LAB ha insistido en reclamar "una investigación seria" sobre las supuestas irregularidades en la OPE en Osakidetza pero ha asegurado que "actuará con prudencia y discreción" para no entorpecer los trabajos del ministerio fiscal.

El sindicato ha confiado en que "esta investigación dé sus frutos", y ha anunciado en cuanto tenga "noticias oficiales de más actuaciones, producto de las investigaciones que se iniciaron por la denuncia interpuesta por LAB junto a ESK, será el momento de hacer valoraciones". "No queremos, en ningún momento entorpecer el curso del procedimiento", ha reiterado.

Al igual que ELA, CCOO también ha pedido la dimisión del consejero vasco de Salud Jon Darpón. "La Fiscalía viene a dar credibilidad a las denuncias presentadas y ha trasladado al juzgado las actuaciones de 15 categorías, todas ellas médicas, para que investigue si, efectivamente, hubiera algún hecho de relevancia penal", ha señalado en un comunicado.

De este modo, la diligencia de investigación llega a la conclusión de que hay indicios de revelación de secretos, lo que "pone en cuestión la igualdad de oportunidades de las personas aspirantes a alguna de estas plazas, además de cuestionar la transparencia de Osakidetza", ha añadido.

El sindicato ESK considera que con el escrito de la Fiscalía “ha quedado suficientemente demostrado que en Osakidetza ha imperado un sistema clientelar de asignación de plazas en determinadas categorías médicas, y que dicho sistema se ha realizado con el conocimiento de los máximos responsables en Osakidetza”.

Por lo tanto, ESK vuelve a exigir al lehendakari Iñigo Urkullu que “cese de manera inmediata a su Consejero de Sanidad, el señor Darpón, y que afronte la necesaria regeneración dentro de Osakidetza, para garantizar el fin de este sistema corrupto y clientelar”.

Por otro lado, la parlamentaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, ha destacado que la Fiscalía ha venido a "ratificar la denuncia y las tesis que desde un primer momento" ha mantenido su grupo en el sentido de que "había responsabilidades claras en la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza" en las irregularidades de la OPE.

Ubera, en declaraciones a la agencia EFE, ha considerado que en el escrito del Ministerio Público se constata que en este asunto hay "responsabilidades políticas, lo que demuestra que era necesaria una comisión de investigación en el Parlamento".

"Lo que se van a dirimir en los tribunales son las responsabilidades penales pero no las políticas y en tanto en cuanto se habla de cargos políticos esas deben solventarse en el Parlamento", ha recalcado.

Podemos Euskadi ha considerado que en Osakidetza no se respeta la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un puesto fijo a través de las oposiciones debido al clientelismo existente.

En las redes sociales, el partido morado se ha reiterado en su posición sobre el escándalo de la última OPE de Osakidetza: "Lo dijimos al principio: no se respeta la igualdad de oportunidades y hay una práctica clientelar".

"Necesitamos un modelo de OPE que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública", ha añadido Podemos Euskadi.

La parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido, ha considerado que la remisión de actuaciones al juzgado por parte de la Fiscalía del País Vasco al apreciar indicios de delito por revelación de secretos en la OPE de Osakidetza supone "un salto cualitativo", tras el que espera que "se diriman responsabilidades penales".

Asimismo, ha denunciado que el consejero de Salud, Jon Darpón, "no ha dicho la verdad" y ha utilizado el Parlamento "como cortina de humo".

Garrido ha destacado, además, que la Fiscalía "hace hincapié en las personas que la Dirección de Osakidetza designa para los exámenes", donde "parece que está la clave de las filtraciones" de exámenes, y ha advertido de que se trata de "una cuestión que reiteradamente el PP ha preguntado en sede parlamentaria y no se nos ha respondido ni por parte del consejero ni por parte de la ex directora general de Osakidetza".

Mientras tanto, el Departamento de Salud y Osakidetza han asegurado que no han recibido notificación oficial de la Fiscalía y que, por lo tanto, han decidido esperar antes de opinar sobre estos hechos.

No obstante, también han señalado que desean mostrar "máximo respeto y colaboración con la investigación abierta por la Fiscalía".