Argentina-Repsol: una cuestión más política que económica

Tal como ha sido diseñada la expropiación de YPF por el Gobierno argentino, en realidad se trata de una expulsión de Repsol.

El reparto actual de las acciones de YPF es el siguiente: el 57% lo tiene Repsol, el 25% lo tiene el grupo argentino Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, y el 18% restante lo tienen varios accionistas.

El Gobierno tomará el control del 51% de las acciones de YPF, pero todas esas acciones se las quitará a Repsol, no les quitará nada al resto de los accionistas. En esas condiciones, Repsol se quedará como un socio muy minoritario, con solo el 6% de las acciones. Y, además, el Estado argentino le pagará muy poco por las acciones que le va a quitar. Muy poco o nada, porque en su discurso de ayer la presidenta argentina, Cristina Fernández, insistió varias veces en que Repsol ya ha ganado en Argentina más de lo que pagó para comprar YPF.

La presidenta expuso sus razones para la expropiación, entre ellas que Repsol repartía demasiados beneficios entre sus accionistas, en lugar de invertirlos en Argentina, a lo que la compañía responde que en la última década ha invertido 20.000 millones de dólares en ese país.

Más que los motivos económicos, aquí han pesado los motivos políticos, en lo que parece una operación diseñada con mucho tiempo. Cristina Fernández consigue un mayor respaldo popular mediante una medida de recuperación de soberanía nacional y se queda con manos libres para buscar otros aliados internacionales.

YPF necesitará un socio industrial potente para explotar los yacimientos descubiertos precisamente por Repsol, entre ellos el de Vaca Muerta, que tiene unas enormes reservas. El Gobierno argentino ha llegado a la conclusión de que Repsol no tiene fuerza suficiente y ahora YPF podrá negociar con otras petroleras internacionales. Con las chinas, probablemente.