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Jesús Torquemada
Ya no puede haber ninguna duda sobre las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. En el último año y medio, más de 6.800 personas han resultado muertas por “resistencia a la autoridad”.
Ya no puede haber ninguna duda sobre las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. El informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena socialista Michelle Bachelet, es muy claro al respecto. El estudio elaborado por su oficina se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos directos.
La propia Bachelet visitó Venezuela hace dos semanas y se reunió con el presidente Maduro. El informe documenta numerosos casos de torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Solo en el último año y medio, más de 6.800 personas han resultado muertas por “resistencia a la autoridad”.
El informe acusa de esas muertes a las FAES, las Fuerzas Especiales de la Policía Bolivariana, creadas hace dos años por Maduro. También subraya el papel represivo de los llamados “colectivos chavistas”, que se dedican a perseguir en las calles a los antichavistas.
Son unos datos impresionantes, que sitúan al Gobierno de Maduro casi al mismo nivel que algunas de las dictaduras militares sudamericanas de hace cuarenta años. Por supuesto, el Gobierno ha impugnado el informe y ha presentado 70 correcciones al mismo. Pero llueve sobre mojado: anteriormente, tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch llegaron a las mismas conclusiones que el Informe Bachelet.
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